Definir la seguridad ciudadana es un debate que tiene más de
una década, dicho concepto engloba la lucha contra la violencia y la
delincuencia en todo el mundo. 
Para nosotros dicho concepto implica no solo un enfoque preventivo,
sino además la lucha frontal a los problemas de violencia y delincuencia para
poner énfasis en la protección de los ciudadanos y la defensa del Estado.
Como presidente de la Comisión Multipartidaria de Seguridad
Ciudadana, hemos asumido con responsabilidad las necesidades de nuestro país,
no solo con el afán de colaborar con las instituciones involucradas en la lucha
contra el crimen, sino con el firme propósito de identificar las necesidades de
nuestro pueblo en materia de seguridad ciudadana, esto radica fundamentalmente
en el monitoreo como Observatorio
Congresal de las zonas con mayor índice de criminalidad y la evaluación a las
diversas fórmulas y políticas públicas destinadas a reducir y eliminar la
criminalidad.
PLANTEAMIENTOS
En función a la política integral que proponemos de la mano
de especialistas, buscamos una mejora tanto en materia penal como procesal
penal, así como en las normas sobre seguridad ciudadana. Hemos propuesto 7 iniciativas
legislativas orientadas a implementar estas mejoras, las cuales son necesarias
para lograr la eficacia de las normas en el marco de respeto a los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, no somos una comisión
dictaminadora y esto ha sido el gran problema en nuestro trabajo. Hemos tenido
muchos avances, pero dado que nuestras propuestas legislativas deben pasar por
la Comisión de Justicia o la Comisión de Defensa para convertirse en dictámenes
que vayan al Pleno, no ha habido una real materialización de nuestro trabajo,
salvo el proyecto de ley sobre desarme que contiene la tenencia ilegal e
irregular de armas y su amnistía; proyecto que luego de una larga lucha fue
aprobado, pero no como hubiéramos deseado, por tal razón sugerimos al
Presidente de la República que lo observe para que se eleven las penas mínimas
y sirva de elemento coercitivo contra la tenencia ilegal de armas o municiones.
Proponemos que la comisión que honro presidir se convierta
en una comisión dictaminadora, dado que hasta la fecha la Comisión de Justicia
tiene 69 proyectos que aún no tienen dictamen, dentro de los cuales están
algunos de los que nosotros hemos propuesto. Del mismo modo, la Comisión de
Defensa también tiene una carga de 24 proyectos sin dictamen; con lo cual se
puede apreciar la sobrecarga de ambas comisiones que no les permite diferenciar todos los proyectos de ley
que ingresan a ellas, muchos de los cuales son de carácter urgente.
He propuesto que sería fundamental por parte del Gobierno la
declaración del estado de emergencia en el sector de seguridad ciudadana y con
esto agilizar, por ejemplo, el uso de los recursos del Fondo Especial de
Seguridad Ciudadana que asciende a la suma de 200 millones de nuevos soles, por
el que pese a ser una cifra material no es suficiente ni espectacular dado que
para emplearlo se requería de un reglamento que recién se aprobó hace dos
semanas, lo cual nos preocupa. Como también nos preocupa el sector
penitenciario y las dificultades para comprar patrulleros.
ACCIONES
Para el desarrollo de nuestras sesiones hemos invitado a
diversos funcionarios que tienen a su cargo la ejecución de acciones para
enfrentar la inseguridad ciudadana, entre ellos, los de la Dirincri de la
Policía Nacional del Perú quienes tienen muy buena inteligencia para ubicar y
cortar el cordón umbilical de los delincuentes rápidamente, pero como en todas
las instituciones del Estado existe la corrupción que hace que algunos malos
elementos brinden información a organizaciones criminales y no siempre las
operaciones tienen éxito.
Esta realidad patológica de la corrupción se evidencia
también en ciudades como Chiclayo, en donde si bien existe una pequeña
reducción de criminalidad no es suficiente, necesitamos tener una sincronización
y coherencia entre todas las instituciones que le hacemos lucha a la
delincuencia, todo esto para erradicar no solo la delincuencia sino la
corrupción.
Un claro ejemplo lo encontramos en el Poder Judicial, donde
debemos resaltar el esfuerzo de sus altas autoridades a través de sus múltiples
políticas de prevención contra la corrupción judicial, sin embargo no ha sido
suficiente, debemos romper el brazo legal con que cuentan estas bandas.
Solo en 2011, entre los meses de enero y octubre, los robos
denunciados ascendieron a 52,473 en todo el país, en la ciudad de Lima están
precisamente 29,121 de ellos, luego viene el Callao con 3,800, Arequipa con
2,326. En este mismo período se
registraron 591 homicidios en todo el país, de los cuales 289 fueron por arma
de fuego.
Tenemos también los robos de cuantía menor, catalogados por
el Código Penal como faltas; nosotros estamos proponiendo que éstas se acumulen
y sean vistas como delitos. Hemos evaluado la necesidad de implementar un
registro digital con la finalidad de que los autores de las faltas realicen
trabajo comunitario, en Chile, por ejemplo, ha tenido excelentes resultados.
La seguridad ciudadana se ha convertido en la necesidad de
todos los gobiernos, pero necesitamos más que ideas.
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